El senador Morera ha solicitado al Gobierno que investigue estos hechos, que podrían constituir, en su opinón, un ilícito penal. Morera demanda que «se abra una investigación sobre los hechos, que comparezca la Alcaldesa de València, María José Catalá, para justificar administrativamente su prohibición y que se compruebe si la negativa responde a una intención de incumplir las leyes de igualdad».
El senador de Compromís ha trasladado esta petición a la Fiscalia contra delitos de odio de València «porque el Gobierno tiende a responder que no puede hacer valoraciones de carácter jurídico ante este tipo de preguntas: por discriminación lingüística a valencianoparlantes, intimidación en actos culturales y manifestaciones, violencia de género o agresiones homófobas. Por eso, he trasladado las preguntas a la Fiscalía. Para que califique. No se puede consentir que se pasen la pelota de unos a otros y no ocurra nunca nada. Lo de València, hace olor a burla de la normativa con excusas de no usar plástico o no celebrar días de enfermedades. Si dejamos pasar este esperpento, todo seguirá igual. Si no es delito, habrá que cambiar la ley civil y penal para que puedan ponerse sanciones. Si queremos de verdad proteger a colectivos perseguidos o vulnerables.».
El senador por les Corts Valencianes, Enric Morera, ha presentado también una solicitud formal ante la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación de València para que investigue esta negativa de la Alcaldesa de València, María José Català, a colgar un símbolo o pancarta en la fachada del edificio consistorial con motivo del Día del Orgullo, el pasado 28 de junio.
El senador Morera ha recibido numerosas quejas en respuesta a las declaraciones de la Alcaldesa, en las que comparaba la celebración del Día del Orgullo con la conmemoración de otros días internacionales relacionados con enfermedades, justificando así la no exhibición de símbolos LGTBI. Esta decisión podría considerarse como una acción discriminatoria y lesionar los derechos de este colectivo. Un colectivo que para Morera ha sido una de las principales víctimas de los delitos de odio y demanda una mayor visibilidad institucional para promover valores de respeto y tolerancia en la ciudadanía».
Morera ha recordado en su escrito a la Fiscalía que durante sus dos legislaturas como Presidente de les Corts Valencianes (2015-2023), defendió la colocación de símbolos del colectivo LGTBI en el Palau dels Borja, sede del parlamento valenciano, «a pesar de las amenazas y recursos presentados por el partido VOX. Estos recursos fueron resueltos favorablemente por los letrados de la cámara. Además, la legislación valenciana que está vigente, obligaba a celebrar actos institucionales en esta fecha para ayudar a mitigar la LGTBIfobia. Todo lo contrario a la negativa de los actuales gestores del Ayuntamiento de València y otros lugares en los que gobierna el tándem PP-VOX».
La denuncia presentada destaca la preocupación por la negativa de la Alcaldesa a colgar pancartas del colectivo LGTBI porque «podría ser un método, un ejemplo, para vulnerar normativas de protección y promoción de colectivos protegidos por motivos de religión, orientación sexual o raza.» Además, señala la tendencia de entidades vinculadas a organizaciones políticas de extrema derecha a buscar denuncias activas contra responsables políticos, culturales o sociales, mientras que actos administrativos protegidos por ley son prohibidos sin ningún tipo de reproche.».
La denuncia subraya que esta decisión podría comprometer el principio de objetividad de las administraciones públicas y contravenir el derecho fundamental a la libertad de expresión. La Ley 23/2018, de igualdad de las personas LGTBI, y el DECRETO 101/2020 del Consell, garantizan los derechos del colectivo LGTBI en la Comunidad Valenciana, incluyendo la visibilidad y conmemoración de días como el 28 de junio. Me tuve que defender contra la carga de VOX por aplicar la Ley y ahora ellos impiden su cumplimiento y no debemos callar».
