Abordamos un tema que lamentablemente ha sido recurrente en la política española: la corrupción. Hemos sido testigos de numerosos escándalos que han sacudido los cimientos de los dos principales partidos de nuestro país: el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esta situación deja una pregunta en el aire: ¿qué papel jugamos los ciudadanos en todo esto?
Los casos de corrupción no son nuevos. Recordemos el caso Gürtel y la trama Púnica, que arrastraron al PP a una espiral de acusaciones, investigaciones judiciales y condenas. Durante años, el Partido Popular se vio inmerso en una red de corrupción que involucraba comisiones ilegales, desvío de fondos y enriquecimiento ilícito de cargos públicos. La sentencia del caso Gürtel llevó incluso a la moción de censura que puso fin al gobierno de Mariano Rajoy en 2018, marcando un punto de inflexión en la política española.
Sin embargo, lejos de representar un alivio, el cambio de gobierno trajo consigo una nueva decepción. El PSOE, que prometía regeneración y una política limpia, también se ha visto salpicado por casos de corrupción. El reciente escándalo de los ERE en Andalucía, que ha terminado con condenas a varios altos cargos socialistas, entre ellos los expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, ha golpeado duramente al partido. La corrupción no parece ser patrimonio exclusivo de un partido u otro, sino una constante que desafía la confianza de los ciudadanos en el sistema político.
Y aquí llegamos a la cuestión central: ¿qué papel jugamos nosotros, los ciudadanos? Somos, sin duda, las principales víctimas de la corrupción. Los recursos públicos, que deberían destinarse a mejorar la sanidad, la educación, las infraestructuras y el bienestar social, terminan en manos de unos pocos que se enriquecen a costa del interés general. Además, cada caso de corrupción mina la confianza en nuestras instituciones y nos hace cuestionar la capacidad de nuestra democracia para autorregularse.
Pero también debemos reconocer que tenemos un papel activo en este escenario. Cada cuatro años acudimos a las urnas para elegir a nuestros representantes, y lo hacemos con la esperanza de que gestionen los recursos de manera responsable y ética. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los escándalos de corrupción se ven diluidos en la polarización política, y el voto se convierte en un acto de castigo o de lealtad a unas siglas, sin considerar las implicaciones reales de la corrupción que arrastra a esos partidos.
No es fácil. La oferta política no siempre permite elegir una alternativa que garantice una gestión transparente y libre de sospechas. Pero, como ciudadanos, debemos exigir más. La rendición de cuentas no puede ser solo un eslogan de campaña; debe ser una práctica constante. Necesitamos partidos que adopten tolerancia cero frente a la corrupción, que promuevan mecanismos de control internos y que aparten a los implicados sin esperar a las resoluciones judiciales.
La corrupción no solo es un problema político, sino social. Si no cambiamos nuestra actitud ante ella, si no dejamos de normalizarla o justificarla con el argumento de «todos son iguales», perpetuaremos este círculo vicioso que tanto daño ha hecho a nuestro país.
El futuro de la democracia española depende de que exijamos más ética, más transparencia y más responsabilidad a nuestros políticos. Solo así podremos romper con este ciclo de corrupción que ha marcado la historia reciente de nuestra política.
No olvidemos que, aunque los partidos y los líderes cambian, el verdadero poder sigue en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad hacer que los corruptos, independientemente del color de su partido, no encuentren refugio en las instituciones que deberían servirnos a todos.